sábado, 4 de noviembre de 2017

noviembre 04, 2017




Leonardo Morales P. @LeoMoralesP

La racionalidad política venezolana perdió su rumbo, luce desequilibrada y carente de sentido, tanto los del bando del gobierno como los de la oposición: los primeros, actúan como tahúres de un juego en el cual reina la trampa y la picardía. La concentración de los poderes públicos se ha convertido en un instrumento para emboscar a sus adversarios y, si fuera necesario para garantizar su permanencia en el poder, colocarlos donde no estorben ni amenacen sus pretensiones: en la cárcel.
Los opositores habían entendido, desde el error cometido en el 2005, que la lucha por el poder pasaba por la acumulación de espacios de gobierno, y que la vía democrática era el tránsito que permitiría, cívica y pacíficamente, ganar el derecho a ejercer la presidencia del país.
Los resultados de las elecciones regionales trastocaron la sindéresis política: el gobierno, por un lado, se apresura con su obediente CNE a convocar procesos en lapsos en los que el propio ente electoral compromete su eficacia, pero es la orden del Big Boss y hay que obedecer. Por otro lado, la oposición lejos de reclamar la parcialidad del ente electoral y exigir mejores condiciones para el futuro, se confronta en un duelo suicida que disfruta y aprovecha el gobierno.
La oposición aun mareada producto de los resultados, se presenta ante el país con una crisis de alzhéimer y vuelve a las andanzas del año 2005: dificultades cognitivas y conductuales, evidenciadas en el olvido de lo logrado en los últimos 10 años, al suponer que las razones del presente, de las cuales han sido actores relevantes,  no son responsabilidades compartidas sino culpa de otro u otros. Una forma de huir de la realidad y construir una ficción que justifique el error.
La política que ahora diseñan algunos partidos y algunas individualidades sin partido está destinada a abandonar una de las razones fundamentales de toda organización partidista: la participación en los procesos electorales para acceder a instancias de poder que les permita adelantar políticas que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
Los partidos al abstenerse de participar en unos comicios dan a entender que la elección, cualquiera que ella sea, como hecho político no tiene relevancia, por lo que los ciudadanos pudieran tender en un futuro a imitar igual conducta. Ninguna organización política puede ni debe obrar en una dirección que promueva el establecimiento de una cultura política que desprecie la participación electoral.
Los resultados regionales, evidentemente insatisfactorios, no deben conducir a hacerse a una lado, sino todo lo contrario; sí hubo una excesiva parcialidad, que la hubo, la respuesta es elevar la protesta, denunciarlo y exigir un cambio significativo en la conducta del árbitro electoral. Mirar hacia otro lado, en nada variará las condiciones electorales.
Más grave aún, en esta insólita decisión, es el estado de indefensión en que se deja a los ciudadanos que deberán aceptar, por la ausencia de sus dirigentes y partidos con los cuales simpatizan, a unos gobernantes que en condiciones distintas jamás llegarían a tales posiciones. La responsabilidad de ser mal gobernados ya no recae en una mala o equivocada elección, sino en el abandono del cual son objeto los ciudadanos por parte de los partidos políticos.
Mientras los dirigentes de estas organizaciones exhiben la necesidad de ayuda profesional, psicólogos y psiquiatras, y deliran con la escogencia de un abanderado presidencial, los ciudadanos y otros partidos políticos con una visión realista de las circunstancias buscan enfrentar con coraje y decisión el ventajismo oficial
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