lunes, 22 de enero de 2018

enero 22, 2018


 

La diputada Delsa Solórzano, miembro de la Comisión parlamentaria que investiga el procedimiento de El Junquito, denunció este lunes que las familias de los siete sublevados han recibido amenazas; que los cadáveres habrían sido sepultados “con harapos”; que tiene pruebas de que se trata de un ajusticiamiento.


“Hay serias amenazas contra varios familiares, amigos cercanos, incluso de empleadores de las personas asesinadas. Ellos requieren protección y se supone que el Estado debería dárselas (…) ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas y todo esto constituye una gravísima violación de DDHH de la cual han sido víctimas estas personas”, expuso la diputada y también Presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento.

Desde el Palacio Federal Legislativo indicó que remitieron un oficio con el caso a la Defensoría del Pueblo pero no obtuvieron respuesta alguna. En este momento hizo énfasis en que el “funcionario público que se niegue a brindar información incurre en delito”.

Inmediatamente después se refirió al Ministerio Público y al Fiscal General impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, al rechazar su “absoluto silencio” sobre el caso. Además destacó que la AN fue ignorada por los ministros que fueron citados la semana pasada para esclarecer el caso.

Fue un ajusticiamiento
“En el caso de la mujer el disparo fue en la cervical, es decir, también fue a la cabeza. Todos tienes disparos en la cabeza, lo dice el acta. Al haber un patrón se habla de un ajusticiamiento (…) seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta”, relató.

Y así continuó: “Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaban cada uno de los cuerpos. Los seis hombres tenían disparos en la cabeza. Esto habla de un patrón (…) también se hablaba de una mujer embarazada, se presumía que Lisbeth estaba embarazada: en este momento no tenemos probanza de ello, pues el director de la Morgue Bello Monte lo negó”.

A la hora de enterrarlos “vistieron los cuerpos con harapos, ni siquiera permitieron que fueran vestidos con la ropa que tenían dispuesta los familiares (…) Los cuerpos fueron trasladados al Cementerio del Este. Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente al cementerio. Fueron sepultados sin autorización”, reiteró.

Sí los querían cremar
Solórzano apuntó que “Óscar Pérez fue sepultado en presencia de una tía y una prima, el Cementerio del Este fue cerrado mientras se cumplía la inhumación, y luego lo abrieron. Se colocó en la tumba una especie de alfombra de grama (…) los cuerpos de los masacrados fueron secuestrados por el Gobierno, quien dispuso enterrarlos donde quiso y no donde deseaban los familiares”.

Pero “no fueron rumores, no fueron especulaciones, querían cremar los cuerpos, por eso insistimos ante la Morgue de Bello Monte en el cumplimiento de la Ley de Servicio Funerario; los cuerpos inhumados deben ser resguardados (…) La ley ordena que cadáveres producto de hechos de violencia no pueden ser cremados ni con autorización de familiar”, sentenció.

En este sentido dijo que “se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles y sin que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en El Junquito, fue completamente destruido”

¿Colectivos o PNB?
Sobre los supuestos funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que murieron enfrentando al grupo de sublevados, la parlamentaria señaló que uno de ellos “portaba doble identidad, una por cuerpo policial y otra por colectivo armado”.