lunes, 22 de enero de 2018

enero 22, 2018

Con las elecciones presidenciales sin fecha definida, la propia presidenta del CNE sancionada y la muerte de Óscar Pérez -tiroteado durante una redada ejecutada por efectivos de seguridad del Estado- el diálogo entre oficialismo y la coalición opositora continúa sin arrojar resultados concretos


Las sanciones que acordó la Unión Europea (UE) en contra de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, lejos de boicotear el diálogo que el chavismo mantiene con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República Dominicana, tiene como objetivo presionar para que las conversaciones arrojen acuerdos concretos que sean puestos en práctica, coincidieron expertos.

“No es contradictorio el diálogo con las sanciones porque a pesar de los encuentros no hubo un cambio en las conductas antidemocráticas del gobierno”, dijo Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en declaraciones.

Por el contrario, recordó que la UE insistió en que levantará sus castigos si finalmente ambas partes firman un pacto y lo cumplen en un periodo determinado de tiempo, aunque reconoció que no debe pasarse por alto el contexto en el que penalizaron a integrantes del gobierno de Maduro.

“Entienden que las probabilidades de que haya resultados fructíferos son muy pocas”, sopesó de Alba.

En la mañana de este lunes, fuentes europeas confirmaron a agencias de noticias que a siete funcionarios venezolanos les prohibieron ingresar a cualquiera de los 28 países miembros de la UE, al tiempo que les congelaron sus cuentas bancarias y activos que tienen en su posesión.

Entre los afectados se encuentran Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Tarek William Saab, defensor del pueblo designado por la chavista asamblea nacional constituyente y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.

En noviembre de 2017 la Comunidad Europea sancionó por primera vez a Venezuela tras aprobar un embargo con el que prohibieron la venta y abastecimiento de armas, municiones y equipos militares que alegaron podrían ser utilizados para reprimir manifestaciones.

Diego Arria, diplomático y ex presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, adelantó que a la lista se le irán añadiendo nombres debido a que prevé que las discusiones están destinadas a fracasar porque únicamente benefician al chavismo dándole una “fachada democrática”.

“El diálogo solo sirvió para enterrar las oportunidades de salir del régimen. (…) México y Chile (mediadores escogidos por la MUD) no deberían hacer más presencia. Sería de más ayuda que dijeran que se dieron cuenta de que el gobierno no cumplirán con sus promesas”, analizó Arria en palabras ofrecidas.

En la misma sintonía se mostró la ONG Human Rights Watch, que consideró que no queda en el país ninguna institución independiente que pueda actuar como contrapoder.

"En este panorama tan crítico no hay instancias internas para frenar abusos o castigar a los responsables. ¿Qué es lo único que queda? Las instancias internacionales. Son la única posibilidad, la condena internacional constante", dijo en declaraciones telefónicas a EFE el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.

Diosdado Cabello, —sancionado— fustigó las sanciones de la UE y acusó al organismo de responder a intereses de Estados Unidos para desestabilizar al chavismo. “Lo que hicieron fue un disparo contra el diálogo y no fueron personales sino contra Venezuela para aislarla y neutralizarla”, opinó, pasando por alto los dictámenes de la Eurozona, que detallan con nombres y apellidos a los afectados.

El dirigente oficialista pidió acciones de reciprocidad en contra de funcionarios europeos y despotricó las accones de los dirigentes de la MUD a los cuales tildó de incompetentes.

Entretanto el canciller de España, Alfonso Dastis, indicó durante una reunión entre ministros de Exteriores de la UE que consideran que las sanciones las tomaron como “incentivo para la negociación” según la agencia AFP.

Por otra parte fuentes de la MUD consultadas no aportaron información ni asumieron posturas acerca del efecto de las sanciones sobre los funcionarios señalados.

Elecciones presidenciales en tela de juicio

La definición de un cronograma para las elecciones presidenciales y la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron puntos de discusión desde que arrancó el diálogo.

Mientras la MUD insiste en cambiar las cinco cabezas que conforman al Poder Electoral, el chavismo cedería a cambiar únicamente a dos de los rectores, los cuales tienen sus períodos vencidos, siempre según la agencia AFP.

Indiferentemente de que se modifiquen a los funcionarios, el internacionalista de Alba advirtió que los comicios no generan confianza ante la comunidad internacional, más aún con la presidenta del ente, Tibisay Lucena, sancionada por la UE, Estados Unidos y Canadá.

“Las elecciones tienen un serio problema de credibilidad dada la experiencia en los comicios de la fraudulenta asamblea nacional constituyente y de alcaldes y gobernadores que se dieron en los últimos meses”, expresó de Alba.

Arria, ex diplomático, enfatizó que la comunidad internacional no confía en que los actuales directivos del Poder Electoral puedan ofrecer garantías para futuros comicios.

De hecho criticó que la MUD tome acciones concretas en contra de Lucena, presidenta del CNE, quien acumula sanciones en Estados Unidos, Canadá y la UE.

“Pareciera no importarles que el mundo sancione y descalifique Lucena y otros funcionarios como el propio Maduro”, fustigó.

Cabello, uno de los sancionados, negó tener bienes y cuentas en Europa, defendió la gestión de los afectados por las sanciones y en el caso particular de Lucena ironizó: “La sancionaron por hacer elecciones”, dijo durante una rueda de prensa.

En vilo por la muerte de Óscar Pérez

Las medidas de la UE a funcionarios venezolanos, que tuvieron como objetivo prevenir represión por parte del gobierno de Maduro contra la disidencia, entraron en vigencia apenas una semana después de que cuerpos de seguridad del Estado acabaran con la vida de Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que se reveló ante el chavismo.

Tanto de Alba como Arria alertaron que la operación que acabó con la vida de Pérez, además de catalogarla como irregular, levantó suspicacias en la comunidad internacional.

“Hay preocupación porque se ejecutó a personas que aparentemente se rindieron y aún así se les violaron sus derechos humanos”, expresó de Alba, quien afirmó que tampoco veían con buenos ojos una salida por medio de una insurrección armada.

Arria, no obstante, advirtió que durante el procedimiento no solo se vio la peor cara de un régimen que tildó como narcodictadura sino que exhortó a la MUD a no quedarse indiferente ante el hecho.

“El gobierno demostró que hará lo que le dé la gana. Esto debió generar una reacción pero no se atreven a calificar esa acción como un crimen”, señaló.